Estado y Derechos Humanos

(Colaboración para "La Polifónica",  la revista de CEIPAL)

Jorge Daniel Pedraza *

Hacia principios de 2006 el miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni lanzó una frase polémica. Advirtió que muchos luchadores derecho-humanistas lo eran sólo respecto de cuestiones del pasado, pero que no ponían igual énfasis respecto de las violaciones de tales derechos en el presente. En tal sentido, cuestionó ciertos esquemas poco aptos para entender la realidad contemporánea.

Sin embargo, con el tiempo esta dicotomía pareció irse disipando. Se comprendió que las posibilidades de triunfo de esas banderas históricas necesariamente tenían que asociarse a la consolidación del sistema democrático y la gobernabilidad apostando a la acumulación de fuerzas del campo popular, aislando los grupos desestabilizadores aún de ideologías contrapuestas. Hubo, finalmente, una toma de conciencia de los avances y retrocesos en los albores de la restauración democrática.

Es cierto también que de no haber sido por la tenacidad y larga lucha de muchos organismos de derechos humanos y especialmente de las víctimas sobrevivientes hoy sería difícil de implementar esta política de estado nacional que está consiguiendo la Justicia reparadora, basada en la Memoria y la Verdad, con casi medio millar de detenidos en causas de lesa humanidad, algo inédito en el mundo.

Cada juicio se construye con mucha entrega y sacrificio, haciendo revivir -luego de décadas- tantos sentimientos que nos pone o nos "expone" con una especial sensibilidad a flor de piel y muchas veces nos "condiciona" la visión objetiva y mesurada del resto del mundo que nos rodea, demorando también -por qué no decirlo- autocríticas necesarias.

El ensayista Hugo Vezzetti, en su obra "Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y Olvidos", Editorial Siglo XXI Editores, año 2009, duda que seamos "los afectados" quienes podamos conducir la construcción de "la memoria justa", por esa supuesta visión "sesgada", agregando sus polémicos dichos de que primero tenemos que "reconciliarnos con el pasado".   Discrepando con tan prestigioso pensador diría que para saldar ese pasado primero hay que "develarlo"  y "juzgarlo",  sacarlo de la oscuridad que construyó la impunidad, la paz de los cementerios, el amedrentamiento colectivo, aún con las chirinadas militares en democracia, el "posibilismo" y la recurrente "teoría de los dos demonios".

Pues bien, de una forma o de otra, existe hoy un importante consenso de que la política de estado de derechos humanos no sólo debe ser "integral", aunando temas del pasado con los del presente, sino también debe atender los desafíos de la agenda diaria, de la lucha contra la exclusión y marginación social heredadas del neoliberalismo de Martínez de Hoz y de la década del noventa,  de la inseguridad potenciada por una violencia inédita enancada en la marginación, el ocio, el creciente consumo de drogas y alcohol, la desocupación, los salarios insuficientes, la destrucción de los núcleos familiares, la inconmensurable brecha digital, con un Estado muchas veces distante, sin la presencia territorial necesaria en conglomerados más expuestos.

En síntesis, luchar hoy por los Derechos Humanos implica también reconocer la "deuda social" que deberemos saldar lo antes posible con una justa redistribución de la riqueza.  También implica la obligación ineludible del Estado en la construcción de la cultura democrática, eligiendo jueces y funcionarios sin compromisos con gobiernos de facto, en la reconstrucción de la memoria histórica, en el respeto irrestricto de los derechos políticos, civiles y económicos, así como las demás cuestiones del acceso a los servicios públicos básicos, la participación ciudadana en asuntos de políticas públicas y la gobernabilidad democrática, entendida como legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración.

Existe una clasificación en el mundo moderno, conforme lo explicita la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ubicando a los derechos civiles y políticos como de "primera generación" y a los económicos, sociales y culturales, como de "segunda generación". A los que vino a sumarse, en los años '70, un conjunto de derechos denominados de los pueblos o de la solidaridad, también llamados de "tercera generación", que incluyen el derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, a la democracia, a la integración, a recibir y producir información equitativamente, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.

La Constitución Nacional otorga las garantías básicas para la vigencia de los Derechos Humanos y, luego de la reforma de 1994, se incorporó con el artículo 75 el reconocimiento a las más importantes declaraciones y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, la vigencia de los derechos civiles y políticos y los denominados derechos económicos, sociales y culturales aún presentan notorias deficiencias. Se verifican casos en varios puntos de nuestro país de explotación laboral; apremios ilegales; maltrato a las personas detenidas; dificultades para el acceso a la Justicia o Justicia discriminatoria según la clase social; impunidad en casos emblemáticos que afectan a los poderes políticos regionales; inseguridad muchas veces provocada por corrupción policial o judicial, que también influye en el aumento del flagelo de la droga, maltrato infantil, auge de la trata y falta de políticas de contención para la niñez o adolescencia en riesgo; violencia institucional; conflictos de tierras; violaciones de derechos de los pueblos indígenas; la violación de derechos medioambientales, en muchos casos vinculada con una profunda vulnerabilidad de los sectores más excluidos de la sociedad, por sólo relatar algunos casos.

Ni hablar de los abusos de posiciones dominantes en materia de monopolios de medios de comunicación y de las numerosas trabas intentadas contra la flamante Ley de Medios Audiovisuales, surgida con amplísimo consenso democrático. O la resistencia destituyente de las corporaciones económicas y de sus socios políticos para eludir políticas impositivas progresivas que buscan redistribuir la riqueza.

Teniendo en claro estos preceptos, la lucha por los "Derechos Humanos" ya no será una bandera sectorial, sino la lucha de toda una comunidad.

Muchas veces escuchamos las chicanas que parten de sectores interesados en desgastar las políticas de Estado, o bien, provenientes de los menores niveles de conciencia que hablan, por ejemplo, de "los derechos humanos de los delincuentes", contraponiéndolos a los derechos humanos de la población víctima de aquéllos, que provocan la ola de inseguridad, fundamentalmente, en los conglomerados del conurbano, donde la crítica situación socioeconómica heredada ha provocado el auge del delito. Demás está decir que "el derecho a la vida" es el más elemental derecho humano a resguardar.

De allí que el concepto más moderno y totalizador abarca no sólo al trato dentro de la ley al delincuente que se busca, se atrapa, se encarcela, se juzga y se condena, sino también al considerar al agente público que cumple la función estatal preventiva sea policía o penitenciario, como un garante de dichos derechos, y que merece también la consideración social y del Estado, por cumplir una función esencial en cualquier país civilizado y moderno. En tal caso se debe ser muy riguroso y justo con los "premios y castigos".

Se deberá comprender que, si bien el auge de la delincuencia irá mermando, fundamentalmente, cuando vayan disminuyendo los niveles de desocupación, marginalidad y hambre, mientras tanto el Estado deberá garantizar la menor inseguridad posible, no sólo por ser una de sus funciones esenciales, sino también como resguardo del prestigio del sistema democrático por encima de cualquier otro sistema de facto.

Así planteado, los "Derechos Humanos" en la Argentina de hoy exigen ser reconocidos por todos los sectores como "política de Estado", que deberá ser impulsada con un criterio pluralista y abarcativo de cada realidad regional, evitando su utilización política sectorial y dándole una connotación acorde con la difícil realidad social de estas épocas.

Santa Fe, julio de 2010.

* Abogado - Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica  -  Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe

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